Terrorismo estatal y terrorismo privado en los años 70: a 50 años del golpe, memoria completa o relato

Para una parte del discurso político en la Argentina, durante años, haber integrado organizaciones armadas de los años 70 fue presentado como una credencial de legitimidad, casi como una épica digna de celebración. Bajo esa mirada, lo que para muchos argentinos fue miedo, muerte y violencia, pasó a ser relatado como compromiso, idealismo o gesta.
Ese es el punto de partida de una distorsión.
Porque cuando la violencia se convierte en épica, la historia deja de ser historia y pasa a ser propaganda
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, esa reinterpretación encontró un lugar central en el discurso público. No para abarcar la complejidad de una época atravesada por múltiples violencias, sino, muchas veces, para consolidar una memoria parcial: intensa en lo que muestra, silenciosa en lo que omite.
Y toda memoria que omite, miente.
Pasaron 50 años. Medio siglo.
Y, gracias a Dios, más del 80% de los argentinos no vivió esa época, no la sufrió en carne propia, no la vio con sus propios ojos.
La mayoría heredó ese pasado. No lo experimentó.
Lo recibió en forma de relatos.
De consignas.
De verdades a medias.
No es memoria.
Es selección.
Y toda selección, cuando se vuelve sistemática, es una forma de mentira.
También hay otra trampa, más profunda y más peligrosa: confundir memoria con apego al pasado.
Recordar no es quedarse atrapado.
Honrar la historia no es vivir de ella.
Como advertía Cicerón, “la memoria es el tesoro y el guardián de todas las cosas”. Pero cuando ese tesoro es manipulado, deja de ser riqueza: se convierte en herramienta de poder.
A 50 años del golpe de 1976, la Argentina insiste en mirarse con un solo ojo.
El otro —el que incomoda— permanece cerrado.
Se habla —y con razón— del terrorismo de Estado.
Pero se omite o relativiza otra violencia: la de quienes decidieron alzarse en armas contra la sociedad.
Organizaciones como Montoneros o el ERP ejecutaron secuestros extorsivos, atentados y asesinatos. El secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, el atentado en el comedor de la Policía Federal en 1976 o múltiples ataques a cuarteles y objetivos civiles son parte de esa historia que no puede ser borrada.
Eso tiene un nombre: terrorismo.
Sin embargo, con el paso del tiempo, parte del discurso público eligió suavizar esa palabra. Transformar a los responsables en “jóvenes idealistas”, en protagonistas de una épica que nunca existió para quienes pusieron los muertos.
Nombrar los hechos no es odio.
Es honestidad.
Figuras como Mario Firmenich o Eduardo Anguita forman parte de esa historia. No como símbolos abstractos, sino como protagonistas de una etapa atravesada por la violencia política.
Y aquí aparece otro punto que genera debate y que también forma parte de la memoria reciente.
En democracia, el Estado argentino impulsó políticas reparatorias para víctimas del terrorismo de Estado. En ese marco, distintas decisiones derivaron en indemnizaciones económicas que, en algunos casos, alcanzaron a personas que habían integrado organizaciones armadas.
Ese hecho —más allá de las justificaciones jurídicas— abrió una discusión profunda en la sociedad: si es posible, o justo, que quienes participaron de acciones violentas también sean alcanzados por mecanismos de reparación financiados con recursos públicos.
No se trata de negar el derecho a la reparación frente a abusos del Estado.
Se trata de discutir los límites, las condiciones y el sentido de esa reparación.
Porque cuando la memoria es parcial, también lo es la justicia.
Y después vino el horror mayor.
El golpe de 1976 instauró un régimen que llevó la violencia a una escala infinitamente más brutal desde el aparato del Estado. Desapariciones, torturas, asesinatos. Un sistema clandestino que convirtió al propio Estado en una maquinaria ilegal.
Eso no admite matices.
Ni justificación.
Ni olvido.
Pero reconocer eso no obliga a borrar lo anterior.
Porque la historia no empezó el 24 de marzo.
Con el regreso de la democracia, la Argentina hizo algo extraordinario: juzgó a los responsables del terrorismo de Estado. El liderazgo de Raúl Alfonsín marcó un punto de inflexión.
Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo: construir una memoria completa.
No hubo un solo horror. Hubo varios.
No hubo una sola víctima. Hubo muchas.
No hubo una sola violencia. Hubo distintas formas de violencia que desgarraron al país.
A 50 años, la Argentina necesita menos relato y más verdad.
Menos consignas y más historia.
Porque la memoria que sirve no es la que consuela.
Es la que incomoda.
Y porque, como enseña la antigua sabiduría,
“justicia, justicia perseguirás” —Deuteronomio.